El derecho al olvido tras la Sentencia del TJUE de 13 de mayo del 2014 (II)

3.- La ponderación de derechos en la sentencia del TJUE de 13 de mayo 2014. 

   El derecho al olvido nace cuando alguien busca su nombre en un buscador de internet, por antonomasia Google, y encuentra algo que no le gusta, por obsoleto, por impertinente etc., pero no por inveraz, es un conflicto de derechos; los que asisten al ciudadano  en base al artículo 18 de la CE y el derecho a la libertad de información del art. 20 de la CE y por ende, en qué casos prevalece un derecho sobre otro. Cuando la Audiencia Nacional eleva esto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previamente resuelve el Abogado General. Éste postulaba en su informe que no era  competencia del interesado el dirigirse a Google para impedir que se indexe información publicada legalmente en el boletín oficial del Estado. Por tanto viene a decir, que el derecho al olvido no existe, además indicaba que si se apertura este derecho al olvido en los buscadores, cada uno de los supuestos deberá ser ponderado de manera casuística; en este sentido argumentaba, que se podía producirse una censura a la libertad de expresión. Estas recomendaciones del abogado general, paradójicamente no son atendidas por el Tribunal; esto es significativo dado que en el 90 % de los casos el Tribunal sigue las recomendaciones del abogado general. Argumenta el Tribunal, que pese a que el contenido de lo indicado en el medio de comunicación y en el  boletín oficial del Estado es una información fidedigna y lícita, sin embargo, cuando concurran determinadas circunstancias, el motor de búsqueda deberá eliminarlo de sus contenidos. Estas circunstancias son algo tan ambiguo como que la información sea inadecuada, no pertinente o excesiva. 

Última actualización el Domingo, 27 Julio 2014 22:24

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El derecho al olvido tras la Sentencia del TJUE de 13 de mayo del 2014 (I)

 1.-Derecho al olvido en Internet. Estado normativo previo a la sentencia.

   El caso concreto planteado en la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, es la publicación de una subasta en el Boletín Oficial del Estado de un bien inmueble de Mario Costeja y también la publicación de la misma en el periódico La Vanguardia, exigencia que en aquel entonces 1998, exigía la ley.  Dicha subasta se instaba por no haber pagado a la Tesorería de la Seguridad Social varias cuotas de autónomos. El periódico La Vanguardia, digitaliza la hemeroteca y al buscar este señor su nombre en google aparece como primer y segundo resultado la subsodicha subasta. La deuda fue abonada  previamente a la subasta. Mario Costeja habiendo trascurrido varios años y permaneciendo dicha información en el buscador decide poner el asunto en manos de su abogado. 

  El despacho de abogados se pone en contacto en primer lugar con La Vanguardia, su respuesta es que era una publicación legal y que no eran responsables de la misma. El siguiente paso fue acudir al buscador Google toda vez que la acción del buscador perjudicaba a este Señor.  Escriben una carta a Google España y su respuesta es que no tienen nada que ver con el buscador que éste lo administraba Google EEUU y que ejerciten esas acciones en EEUU. A continuación inician un proceso de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Última actualización el Domingo, 27 Julio 2014 22:21

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Caronte en la Estigia del Estrecho.

            Estaba decidido a escribir, esta semana, sobre la ley 3/2014 de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, alabando algunas cambios interesantes introducidos; pero la actualidad, como siempre, me ha hecho cambiar de idea. 

           Los dramas a los que un día si y otro también, asistimos impertérritos, hacen sacudir la conciencia de este incauto letrado que, en su precocidad, pretende cambiar una sociedad que no le gusta.

Última actualización el Martes, 03 Junio 2014 16:31

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La anotación mercantil de DEUDOR FALLIDO

            El concepto legal de deudor fallido, viene regulado en los art. 61 a 63 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio), en los cuales se establece que “se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito” (art. 61.1 del referido R.D.), pudiendo referirse a una insolvencia total o parcial. En pocas palabras, lo que tiene regulado la Administración es un procedimiento a través del cual se declara la imposibilidad de cobrar deudas. 

            No obstante, hay que distinguir lo que es incobrable de lo que es fallido. Incobrable se refiere a los créditos y esa declaración de incobrable sólo será posible si, una vez declarados fallidos los obligados al pago (ya sea deudor principal, ya sea deudor solidario), no existen responsables subsidiarios o estos también resultan fallidos. Y, frente a todo ello, el concepto de fallido se aplica a los obligados al pago, ya sea deudor principal, solidario o subsidiario.

Última actualización el Viernes, 04 Julio 2014 16:47

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La Justicia lenta, es injusta

                Esta mañana quiero reflexionar, en voz alta, sobre un hecho que viene siendo habitual en la Administración de Justicia, que todos los operadores jurídicos admitimos sin protestar y que provoca Injusticia. Me refiere al tema de las comunicaciones y notificaciones y sus consecuencias. 

            Todos los hechos van referidos a un procedimiento civil, de ejecución de título mercantil (lo que conocemos por ejecutivo), en el cual presentamos demanda en Noviembre del 2013. Después de que el cliente hiciera la correspondiente provisión de fondos, para pagar, entre otros, la oportuna tasa, por parte del Juzgado se despachó la ejecución a finales de Noviembre del 2013. Hasta aquí, todo bien.

Última actualización el Viernes, 25 Abril 2014 11:16

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