La Directiva 343 y la presunción de inocencia.

             El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado 11 de marzo la Directiva UE  2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio,  la directiva, que  por virtud de los Tratados, es interna y propia de los ordenamientos jurídicos nacionales,  requiere de un complemento normativo de los Estados para su efectiva implementación, denominado jurídicamente "transposición" al Derecho  nacional, cuyo plazo es antes del 1 de abril de 2018.

La finalidad de la presente Directiva es reforzar en el proceso penal, el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio. Es de aplicación desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber cometido una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa, acusada o investigada.  

Se establece que esta Directiva debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resolución final. Solo afecta a las personas físicas dado que por la misma Directiva se reconoce que en este momento resulta prematuro legislar a escala de la Unión en materia de presunción de inocencia de las personas jurídicas.

Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable (artículos 4 y 5 de la Directiva).

De gran importancia es la regulación de la carga de la prueba; se establece en el artículo 6 que para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae dicha carga en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado.

Se reconoce y se regula ampliamente el derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo.

            Así mismo es objeto de esta Directiva el derecho a un juicio justo como uno de los principios básicos de una sociedad democrática, y el derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se establece como una garantía en toda la Unión