Derecho Nuevas Tecnologías: COPIA NO AUTORIZADA DE UNA PÁGINA WEB EN UN MOTOR DE BÚSQUEDA

            En el mes de Marzo del 2012, nuestro Tribunal Supremo dictó una interesante Sentencia (172/2012), en la cual resuelve el dilema planteado por una página web de apuestas que demanda a un conocido buscador por tener almacenada, en su motor de búsquedas, una copia no autorizada de su página, afectando ello a su derechos de propiedad (esencialmente derechos económicos). 

            El fundamento de la demanda estriba en que una página web de apuestas entiende que no había autorizado, al motor de búsquedas, a tener almacenada su página y a comunicarla, indiscriminadamente a terceros, con lo que esta, el buscador, está haciendo negocio con los enlaces y patrocinios de la página web de apuestas.

            La página de apuestas web, basa su defensa en los art. 14.6 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo el art 17, en concreto, que “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”. Por lo tanto, entiende que ella es la única que puede explotar los derechos de autor sobre su página.

            La Sentencia, de primera instancia, desestima la demanda de la página web de apuestas por entender, entre otros argumentos, que la activad del buscador no contiene una copia de la página web, sino que utiliza una “memoria caché” que es temporal y transitoria, que el buscador no se atribuye la autoría de las páginas web que difunde en sus búsquedas (copio textualmente: “sabiendo cualquier usuario mínimamente informado que tales páginas no son creadas por” -el buscador-), que la página de apuestas decidió utilizar Internet como un medio de difusión, y esa actitud se ve reforzada con el motor de búsquedas, que el buscador tenía “un procedimiento de simple solicitud por el que poder excluir de modo definitivo su página web de aquella base de datos” y, entrando en la cuestión jurídica de fondo, la Sentencia estima que los derecho de propiedad no son ilimitados, sino que “el art. 31 y ss. LPI disponen la existencia de una serie de límites para el legítimo ejercicio de los derechos de exclusión que otorga al titular la propiedad intelectual, como ocurre con cualquier derecho dominical". Y, la Ley de Propiedad Intelectual, en este caso, debe ser completada con los art. 15 y 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Todo ello, lleva a concluir mediante "una interpretación integradora de los citados preceptos que el uso realizado por la demandada de sólo una pequeña parte del contenido de la página web de la actora, bajo las condiciones de temporalidad, provisionalidad, respeto a la integridad y autoría de la obra, y uso conforme a la finalidad social para la cual la obra se divulgaba en Internet, no infringe el derecho de autor del actor, ya que tal forma de uso, dentro de los citados contornos, se erige, de conformidad con los arts. 31 LPI, y 15 y 17 Ley 34/2002 en un verdadero límite de los derechos de propiedad intelectual para este tipo de obras".

            Por lo tanto, la sentencia de primera instancia, como está sucediendo con todo el derecho de las nuevas tecnologías, resuelve el problema por la vía de interpretación integradora de las normas (art. 3 y 4 de nuestro Código Civil). De alguna forma, se acude a esa idea de que lo que hace el motor de búsqueda es utilizar el canal previamente elegido de publicidad por un empresario y potenciarlo sin aprovecharse de sus derechos.

            En la segunda instancia, la cosa toma un nuevo giro; se centra el tema en discusiones técnicas sobre los formatos “html”, "caching", "system caching" o "Proxy caching" y el alcance que pueden tener conforme a la normativa española y directivas de la CE. Y dicha interpretación debe guiarse por el “ius usus inoqui”, en el sentido de que para decidir sobre la inocuidad o no del uso de la página del demandante hay que atender a la finalidad y carácter del mismo, "que en este caso persigue facilitar al solicitante de la búsqueda la elección de aquellos resultados que satisfagan el objetivo perseguido con su solicitud y un primer acceso más rápido".

            Con todo lo anterior, la resolución de la segunda instancia se empieza a perfilar como favorable a los intereses del motor de búsqueda, ya que, en definitiva, la solución ha de guiarse "por el sentido común, que debe impedir sancionar y prohibir una actividad que no sólo no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un sitio web sino que le beneficia, pues contribuye a conseguir una de las finalidades implícitamente perseguidas por el autor que es su difusión y acceso a los internautas, siendo además efímera e incidental la reproducción y comunicación realizada".

            Pero cuidado, el motor de búsqueda no sale indemne de este segundo raund. La sentencia contiene un advertencia: "No se reconoce una impunidad absoluta para –el motor de búsqueda-, pues el servicio de buscador ha de prestarse salvaguardando unas condiciones mínimas que preservan la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición (comunicación) del titular de la obra", … límites que, en todo caso, debe tener esta práctica del 'caching': la salvaguarda de la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición (comunicación) del titular de la obra". Y, este extremo, no ha sido alegado por la parte demandante-apelante. Por aquí, se abre una puerta a la responsabilidad de los motores de búsqueda, según la Audiencia.

            Pero el tema, por ser interesante y como no podía ser de otra manera, llega al Tribual Supremo, centrando la discusión en dos cuestiones: “en primer lugar, la reproducción parcial de fragmentos del texto de los sitios web ofrecidos como resultado de la búsqueda; y, en segundo lugar, la provisión de un enlace de acceso a la copia caché del código html de los mismos sitios web".

            El primer tema que resuelve la Sentencia, y que se había planteado en el recurso, es que la Audiencia Provincial, en su interpretación del “ius usus inocui”, había hecho uso del derecho Americano (en concreto, del “fair use”, como traducción literal de la sección 107, capítulo 1, título 17 del Código de los Estados Unidos), indicando el Tribunal Supremo, en pocas palabras, que en un mundo globalizado, el derecho, también se vuelve globalizado.

            Y, sobre el fondo del tema, el Tribunal Supremo desestima el recurso, estimando la oposición del motor de búsqueda. Dice el Tribunal, que los derechos de autor, debe interpretarse de forma restrictiva (ni el 31.1 ni el 40 de la Ley de Propiedad Intelectual, son excluyentes del “ius usus inocui”). Pero, y es lo más significativo de todo, indica el Tribunal que el estar la demanda basada en un abuso de los derechos de autor o en un ejercicio antisocial del mismo, no puede tener amparo judicial tal conducta. En la demanda se pedía el cierre del buscador, o una indemnización de 2.000 € y la publicación de la Sentencia en un periódico de relevancia.

Ahora bien, precisa el Tribunal Supremo, como ya hiciera la Audiencia Provincial, que el resultado sería distinto si lo que se hubiera pretendido hubiera sido “la eliminación de la "copia caché" o de los fragmentos de la página web del demandante en los resultados de la búsqueda y la indemnización de los perjuicios causados por la falta de autorización previa del demandante a Google.

Y es que, dice el Tribunal Supremo (sobre la demanda), parecía orientado a una especie de juicio social al –buscador- como "gigante empresarial" que "en sus inicios" pudo tener una cierta "vocación de servicio público... pero que hoy día ha abandonado por completo, para convertirse en un servidor de los intereses de sus accionistas".

Así pues, el Tribunal Supremo, viene a establecer dos temas muy importantes; por un lado, en la interpretación y aplicación del derecho, se debe tener en cuenta el sentido común; y, los Tribunales, no amparan conductas de abuso de derecho. 

Sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6407010&links=%222037/2008%22&optimize=20120618&publicinterface=true