El derecho al olvido tras la Sentencia del TJUE de 13 de mayo del 2014 (I)

 1.-Derecho al olvido en Internet. Estado normativo previo a la sentencia.

   El caso concreto planteado en la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, es la publicación de una subasta en el Boletín Oficial del Estado de un bien inmueble de Mario Costeja y también la publicación de la misma en el periódico La Vanguardia, exigencia que en aquel entonces 1998, exigía la ley.  Dicha subasta se instaba por no haber pagado a la Tesorería de la Seguridad Social varias cuotas de autónomos. El periódico La Vanguardia, digitaliza la hemeroteca y al buscar este señor su nombre en google aparece como primer y segundo resultado la subsodicha subasta. La deuda fue abonada  previamente a la subasta. Mario Costeja habiendo trascurrido varios años y permaneciendo dicha información en el buscador decide poner el asunto en manos de su abogado. 

  El despacho de abogados se pone en contacto en primer lugar con La Vanguardia, su respuesta es que era una publicación legal y que no eran responsables de la misma. El siguiente paso fue acudir al buscador Google toda vez que la acción del buscador perjudicaba a este Señor.  Escriben una carta a Google España y su respuesta es que no tienen nada que ver con el buscador que éste lo administraba Google EEUU y que ejerciten esas acciones en EEUU. A continuación inician un proceso de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

  La resolución de la Agencia de Protección de Datos indicaba que la publicación de la Vanguardia era lícita y que la acción del buscador se consideraba tratamiento de datos de carácter personal y que el hecho que el motor de búsqueda en España generase publicidad y por ende negocio, consideró que era crucial para la vida del buscador y pedía a Google España e Internacional para que retirase dicha información de su buscador. Esta reclamación no era la única,  en la Audiencia Nacional había más de 200 casos que Google ha ido recurriendo hasta la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se encuentra con una serie de cuestiones que pudieran vulnerar el derecho europeo y formula una serie de cuestiones prejudiciales que son la base de la Sentencia del TJUE.

   Con anterioridad a la aparición de la Sentencia, nadie asumía ninguna responsabilidad por este tipo de publicaciones, era una situación de indefensión de los ciudadanos pues nadie atendía estas solicitudes. Por otra parte, la Directiva del año 95, tampoco amparaba estos casos, puesto que no estaba pensada para regular estas cuestiones. 

 Lo cierto y verdad es que Google España no cumplía con el Ordenamiento Jurídico español, si bien es cierto que no había una norma para esta casuística, sí se recogía en el Considerando 10 y 18 de la Directiva del 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas la obligación que ostentan los buscadores de cumplir con la normativa de cada país, por tanto la sentencia no recoge nada nuevo, solo se basa en la Directiva y en las normas en vigor.

  En este sentido la Directiva del 95 recoge en su artículo 2, cuál es la actividad que realizan los buscadores al tratar datos personales. Así, se define el tratamiento de datos personales como una operación o conjunto de operaciones efectuados o no mediante procedimientos autorizados y aplicados a datos personales tales como: la recogida, registro, organización, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión etc.

  El hecho evidente es que la acción del buscador se considera, según la definición anterior, tratamiento de datos personales y los buscadores debieron haberse sometido hace tiempo a esta ley. 

 Igualmente se fue avanzando con esta regulación mediante  el G29, Dictamen 8/2010 sobre el derecho aplicable, donde ya se aborda la responsabilidad del motor de búsqueda en cada país. El Dictamen 1/2008 sobre cuestiones de protección de datos relacionadas con motores de búsqueda  y el Dictamen 1/2010 sobre los conceptos de “responsable del tratamiento” y “encargado del tratamiento”.

 Por tanto toda la Sentencia del TJUE solo aplica la normativa y dictámenes en vigor.

   Las cuestiones prejudiciales que plantea la Audiencia Nacional al TJUE son:

1.-  Cual es la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE y Ley Orgánica de Protección de datos personales.

2.- Si Google España se considera o no establecimiento permanente en nuestro país.

3.- Si los buscadores solo recurren a medios técnicos; esto es, si las “arañas de búsqueda” y servidores se consideran medios técnicos o no.

4.- Si este proceder es subsumible en el art. 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que define y regula la protección de datos personales. Este artículo dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.

Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.”

5.- Si la actividad de los buscadores se considera tratamiento de datos según el  art. 2.b Directiva 95/46/CE y si estos buscadores son “Responsables del tratamiento” en base art. 2.d Directiva 95/46/CE de los datos contenidos en las páginas web que indexa.

6.- Si está legitimada para abordar estos temas la Agencia Española de Protección de Datos.

7.-  Responsabilidad o no del  buscador cuando el contenido sea lícito en origen. 

8.- Derecho de cancelación y oposición de los ciudadanos y como ejercitarlos: Derecho al olvido y reclamación frente a buscadores.

 

2.- Aspectos más destacables de la sentencia del TJUE de 13 de mayo 2014

 

    La Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 comienza a abordar el ámbito de aplicación material de la Directiva; en ese sentido Google entendía que su actuar no debía de considerarse como tratamiento de datos de carácter personal. Por el contrario todas las partes personadas, donde se incluyen varios países de la Unión Europea que ejercieron su derecho de personación, a excepción de Google, entendían que sí se efectuaban tratamiento de datos personales en base al mencionado artículo 2 de la Directiva del 95 toda vez que todos las actuaciones que en el mismo se indican: recogida, registro, organización, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión, define la actividad que realizaba Google que evidentemente era una actividad que trataba con datos personales.

  La labor previa que hacen los buscadores de recogida y clasificación de datos  es anterior a cuando nosotros hacemos la consulta en el buscador; es por tanto obviamente, un tratamiento de datos y así lo considera la propia sentencia, diferenciando incluso la labor que hace el buscador de la que hace el editor; el editor solo teclearía sus datos en la página web por contra el buscador es el que realiza las acciones indicadas ut supra; la acción del buscador, refiere la sentencia, crea un perfil estructurado de una persona al introducir su nombre y apellidos en el buscador. 

  La opción que da el buscador a los editores para que establezcan los estándares de exclusión de robots para que las arañas de búsqueda no pasen por sus sitios web, entiende el Tribunal, que no le exime de su responsabilidad; esta actuación no es suficiente y tendría responsabilidad por ello. 

 En cuanto al ámbito de aplicación territorial, es decir, que norma legal se le aplica al buscado, es desde el punto de vista jurídico lo más importante de la resolución. La sentencia reconoce que Google España tiene establecimiento permanente en nuestro país y por ende le es de aplicación la normativa española y por ende, la europea.  Google defendía que una cosa es el buscador y otra la venta de publicidad, actividades diferentes y sin relación entre ellas; por el contrario la sentencia manifiesta que la venta de publicidad es indisociable de la actividad del buscador. Además en base al artículo 4 de la Directiva del 95, considera el Tribunal, que el establecimiento permanente era evidente. Al sentar esto la  sentencia no entra a valorar las otras dos cuestiones relacionadas respecto a que Google pudiera retirar su sede de España o realizar otro tipo de estrategia para evitar la legislación europea. 

  A continuación la sentencia se centra sobre si el buscador, al realizar tratamiento de datos y estar obligado a la legislación europea, debe de tener  responsabilidad por su proceder. El propio artículo 12 de la Directiva del 95 ya habla del derecho de oposición y la sentencia viene a recoger ese derecho, sopesando la ponderación de dos derechos el de información y el derecho a la intimidad del interesado y aquí hay que estar al caso concreto. 

  Finalmente y en cuanto al alcance de los derechos del interesado, la sentencia especifica que los buscadores deben establecer un procedimiento para atender las solicitudes de protección de derechos, ponderando caso por caso los mismos (plasmación del artículo 12 de la Directiva del 95 respecto al derecho de oposición). En la sentencia se indican cuatro requisitos para ponderar la información:

- Atendiendo a la naturaleza de la información, si es sensible o no

- Atendiendo a la naturaleza del tiramiento si es un blog o boletín oficial

- Atendiendo a si la persona tiene el carácter  de pública o no

- Por último la exactitud, actualidad e idoneidad de la información.

   El panorama que se presenta a partir de la sentencia; es que Google ha publicado un formulario a través del cual los interesados pueden solicitar la retirada de determinada información; sólo para datos de personas físicas dentro de la Unión Europea, indicando los enlaces asociados y explicando brevemente el por qué se insta esa retirada que ha de ser en base a los cuatro requisitos indicados. Google ha formado un comité de expertos que valorará cada caso entre los que se encuentra un exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos. Ha habido más de 12.000 solicitudes en un solo día y el tiempo de respuesta establecido en la ley es de diez. Ante esta avalancha parece  imposible  dar una respuesta tan rápida.  Si la respuesta de Google es negativa el interesado podrá acudir a la Agencia de Protección de Datos, por lo que en base a la creación de precedentes y casos tipo podremos saber si una reclamación va a  ser o no atendida y posteriormente puede ejercitar su derecho ante la Audiencia Nacional. 

 Por tanto lo importante es que se ha establecido un medio, un cauce claro dentro de la Unión Europea, para poder instar el derecho de oposición. 

Para este tipo de reclamaciones hay que valorar el éxito o no de la pretensión, en base a los cuatro requisitos de la sentencia indicados ut supra, tras valorar esto  se debe sopesar si el responsable es el buscador o el editor para que prospere  la reclamación.  Lo que es evidente es que el derecho al olvido solo se aplica a personas físicas no fallecidas, es un derecho personalísimo y no cabe ejercitar este derecho respecto de personas fallecidas; en estos casos solo cabe ejercitar acciones  en base al derecho al honor. Asimismo se han puesto en marcha todo el resto de asuntos judiciales que estaban en espera de esta sentencia en la Audiencia Nacional y habrá que estar a la resolución  de cada caso concreto.